"¿A quien pertenece legítimamente Gibraltar?". ¿A los llanitos?. ¿A Gran Bretaña?. ¿Al Estado español?. ¿A Andalucía?. Por encima del curso actual de las negociaciones hispano-británicas sobre el destino del Peñón y de los diferentes pronósticos sobre sus resultados, responder adecuadamente a esta pregunta es esencial para entender los acontecimientos y sobre todo para fijar una posición coherente cara al futuro. Hacerlo requiere realizar un repaso sobre la génesis, desarrollo y naturaleza de la presencia colonial británica en Andalucía y su relación con la dominación española sobre nuestra nación.



Gibraltar fue tomado en 1704 durante la llamada Guerra de Sucesión por una escuadra angloholandesa al servicio del pretendiente Habsburgo. Cuatro mil andaluces residentes en el Peñón hubieron de abandonarlo a raíz de su conquista, instalándose en villas vecinas del Campo de Gibraltar, en lo que en un principio creyeron una mudanza temporal. Setenta antiguos vecinos continuaron viviendo en Gibraltar bajo el nuevo poder; a los que se sumaron otros afines a este bando e inmigrantes genoveses y hebreos marroquíes, atraídos por las necesidades de servicio de la nueva guarnición de la Plaza. Llegada la hora del Tratado de Paz de Utrecht (1713) el pujante imperialismo británico obtuvo de la Monarquía española la cesión de la propiedad del castillo y la ciudad de Gibraltar, sin jurisdicción ni soberanía y sin comunicación terrestre con su entorno, a cambio del reconocimiento británico de la dinastía Borbón en el trono español. Como es obvio, en este trato entre las coronas británica y española ni participaron ni fueron consultados en absoluto los habitantes originarios del Peñón ni el resto de los andaluces.

Con todo, las leyes civiles anteriores a la presencia colonial británica siguieron vigentes hasta varias décadas después y como contraprestación al permiso de residir en la Colonia fue practica habitual durante años que, al objeto de evitar deserciones de soldados británicos, el anillo exterior de puestos de guardia de la Colonia estuviera servido por milicianos andaluces, residentes en el Peñón.

Gran Bretaña obtenía una base militar para controlar el estrecho -un eslabón en su cadena de enclaves necesarios para asegurar su hegemonía marítima mundial- desde la que, además, podía permanentemente amenazar directamente a la declinante Monarquía española. Los británicos resistieron con éxito los intentos militares de la Monarquía española por recuperar el Peñón en 1725 y 1779. Más aún, ante la mirada entre impotente y cómplice del Estado español, el colonialismo británico consiguió a lo largo del siglo XIX ampliar irregular y fraudulentamente el territorio de la colonia, usurpando por la vía de los hechos sucesivos trozos del istmo en 1809, 1814, 1829 y 1859 hasta apropiarse del territorio donde hoy se encuentra su aeropuerto, construido en 1938 en plena Guerra civil. Previamente, en 1909, los británicos levantaban la Verja al objeto de consolidar sus anexiones territoriales y facilitar su control de la raya fronteriza. En varias ocasiones (a principios del siglo XIX y en 1883; nuevamente en los primeros años del siglo XX y en las postrimerías de la I Guerra Mundial) militares, marinos y diplomáticos británicos estudiaron con detenimiento la posibilidad de ofrecer la permuta de la colonia de Gibraltar por la colonia española de Ceuta (sola o con Melilla), descartando finalmente el cambio por los problemas diplomáticos que conllevaría con Francia.


Colonialismo sobre Andalucía.

A la misión inicial prioritariamente militar encomendada a Gibraltar, pronto hubo de sumársele otra mercantil y económica, aunque su población al terminar el siglo XVIII no superaba las 3.000 personas, buena parte de ellas andaluzas. Gibraltar pasó a convertirse durante la primera mitad del siglo XIX en la base principal de entrada del capitalismo imperialista británico en Andalucía, merced al contrabando masivo. Mientras que las exportaciones legales británicas a todo el Estado español rondaban, por ejemplo en 1828, las 300.000 libras anuales, Gibraltar -entonces ya con unos 12.000 habitantes- importaba el solo más de un millón. Estas mercaderías -textiles de algodón, lana e hilo y tabaco, entre otras- estaban destinadas a traspasar ilegalmente la frontera e inundar el mercado andaluz, eliminando con su competencia a las nacientes industrias andaluzas; con el visto bueno de Londres, naturalmente. La incapacidad del Estado español y sus prioridades políticas y económicas, facilitaban por su parte -a través de la miseria y el mantenimiento de la estructura latifundista que corroía Andalucía- las precondiciones sociales que hacían posible la extensión del contrabando y la participación en sus redes de distribución. El contrabando desde Gibraltar contribuyo decisivamente a la capitulación española ante el librecambismo, manteniéndose activo y pujante como una constante de la vida colonial, incluso cuando se alteraban las directrices de la política aduanera fijada por Madrid.

Políticamente, si bien las circunstancias históricas no hicieron necesaria su utilización, como en el caso de otros enclaves coloniales, Gibraltar fue durante toda esta época una cabeza de puente estable fijada en territorio andaluz, preparada para servir como plataforma desde la que defender al Estado español que protegía las cuantiosas inversiones e intereses británicos en Andalucía (sólo hay que recordar, por ejemplo, a Río Tinto).

La población colonial sufría en este periodo un doble proceso. Si por una parte su volatilidad natural y el impacto de las sucesivas epidemias, forzaba repetidamente a los británicos a promover nuevas instalaciones provenientes de Italia, Marruecos o Malta, de otra, el impacto del hecho colonial sobre la comarca y el conjunto de Andalucía atraía progresivamente más andaluces a la zona y a la Colonia en búsqueda de sustento. Este proceso acabaría dando lugar al nacimiento de La Línea como suburbio obrero de Gibraltar, al otro lado de la raya. Aún cuando el mando militar británico -omnipotente en la Colonia- mantuvo buen cuidado en dificultar al máximo la residencia de andaluces en el Peñón, sus reiterados intentos de favorecer el establecimiento permanente de ingleses en la Roca -considerados más fiables y leales a la Corona que la abigarrada inmigración mediterránea, demasiado propensa a fundirse con los andaluces en todos los sentidos- tuvieron escasos resultados. De hecho, la cultura dominante en la colonia seguía siendo la andaluza y el castellano hablado en andaluz su lengua habitual; hechos favorecidos por la constante y renovada mezcla entre autóctonos e inmigrantes mediterráneos. El ingles hubo de esperar a 1830 para -al hilo de la declaración de Gibraltar como Colonia de la Corona- ser establecido formalmente como lengua oficial; aún así, el gobernador británico tuvo que mantener hasta 1868 la prohibición estricta de editar un diario en castellano en Gibraltar. Como en otras colonias del tipo enclave, fue una orientación estable del poder colonial británico establecer una diferenciación de estatus entre unos y otros gibraltareños y entre estos y los británicos y aislar y diferenciar en todo lo que estuviera en su mano a la colonia de su entorno nacional natural. A ello se encaminaron las sucesivas normas de residencia dictadas en 1873, 1885 y 1962 que prohibían la pernoctación en Gibraltar de quienes -incluso habiendo nacido en la colonia y aún cuando trabajaran en el Peñón- no disponían de la consideración colonial de gibraltareños.

Aún así -y mientras la economía de Gibraltar sumaba al contrabando orientado a Andalucía, el comercio mediterráneo y luego al servicio de la flota británica, especialmente tras la puesta en funcionamiento del arsenal en 1894- la fuerza de la realidad volvía a imponerse sobre las necesidades de seguridad y legitimación colonial. Si de una parte el poder colonial británico dificultaba el establecimiento de andaluces en la colonia, no podía impedir que, por causas y razones obviamente muy distintas, tanto la burguesía del Peñón como buena parte de su clase trabajadora mudara su vivienda habitual al otro lado de la raya, acudiendo a la colonia sólo a trabajar. Si unos invertían sus capitales en fincas y empresas y querían disfrutar de sus beneficios, superando la claustrofobia de una plaza sometida a estricto control militar; los otros obtenían un cobijo especialmente difícil de obtener en la colonia dadas sus reducidas dimensiones y su insuficiente caserío. El propio Parlamento británico, todavía en 1889, se hacía eco de esta situación concluyendo que ante una eventual evacuación de la población civil gibraltareña en caso de guerra “la mejor solución, de lejos, sería trasladarla al Campo de Gibraltar, no sólo por su cercanía, sino porque 'se hallaría entre unos habitantes de idéntica religión, idioma y costumbres'”

Entretanto, el Estado español -cliente a su vez del imperialismo británico- se limitaba a beneficiarse de las migajas de la relación colonial, a través de las divisas ingresadas por los trabajadores andaluces en el Peñón que sostenían la economía de la colonia cruzando cada día la raya; adelantando lo que luego -cuando la gran emigración andaluza de los sesenta a Europa- sería un fenómeno general, esencial para financiar el desarrollo económico español, sin que los sufrimientos de estos andaluces revirtieran en beneficios palpables para su país. La dependencia de la colonia de la fuerza de trabajo andaluza se hizo evidente en 1940, durante la II Guerra Mundial, cuando los británicos decidieron evacuar a Gran Bretaña y a sus colonias antillanas a toda la población con status gibraltareño, residieran tanto a uno como al otro lado de la verja, lo que dejó en manos de estos trabajadores andaluces el sostenimiento de los servicios a la base y a la guarnición.

Tras el conflicto e iniciada la guerra fría, Gibraltar encontró nuevos ingresos como base militar al servicio de la OTAN, complementaria de las pronto instaladas en otros puntos del territorio andaluz merced a los acuerdos entre el régimen franquista español y EEUU. Gibraltar, junto a Rota, Morón y durante años San Pablo en Sevilla, formó la red de presencia militar imperialista en Andalucía. Con todo, el contrabando continuaba siendo durante todo este periodo un recurso clave para la colonia: baste decir que aún durante la primera mitad de los años sesenta, Gibraltar importaba anualmente más tabaco americano que todo el Estado español junto y más del doble que la República Federal de Alemania. Durante este periodo, los trabajadores andaluces debían soportar simultáneamente, de una parte, no sólo la ausencia de derechos en la colonia (una parte de su salario era pagado habitualmente en especie, con mercaderías destinadas a venderse a este lado de la verja) sino que además estaban obligados a dedicar parte de sus ingresos a contribuir forzosamente a las arcas del sindicato vertical franquista, sufriendo constantes vejaciones y teniendo que sobrevivir aglomerados en una ciudad de La Línea despojada de los más elementales servicios públicos. Sólo la miseria reinante en la Andalucía bajo soberanía española puede explicar la trashumancia cotidiana en estas condiciones al lado británico de la Verja.


El Colonialismo en el Peñón y los mecanismos coloniales británicos.

Afirmar que en el Gibraltar británico siempre ha habido "democracia y libertad" -como dicen ahora algunos defensores del estatus colonial- significa desconocer la propia historia del Peñón. Durante la inmensa mayoría del periodo colonial lo que hubo allí fue el dominio absoluto del poder británico (situación interior coherente con la naturaleza militar de la Plaza). El City Council (Ayuntamiento) sólo fue instaurado en 1922, con cuatro electos por cinco miembros designados por el Gobernador británico. Hubo que esperarse a 1945 para que el City Council tuviera mayoría de miembros electos y aún así el Poder ejecutivo siguió en manos del Gobernador británico de hecho hasta que Londres considero oportuno en 1969 otorgar a Gibraltar su carta constitucional, manteniéndose -no obstante- el grueso de las cuestiones básicas bajo directa supervisión británica. Esa carta otorgada recoge en su preámbulo, dos compromisos políticos británicos bien medidos y que conviene rescatar: 1º. Gibraltar forma parte de los dominios de Su Graciosa Majestad británica y así seguirá hasta que la correspondiente Ley del Parlamento británico establezca otra cosa; 2º. El Gobierno de Su Graciosa Majestad afirma que los ciudadanos de Gibraltar no pasaran a estar bajo la soberanía de otro Estado sin contar con sus deseos. Resulta llamativo que incluso en ese momento Londres se prevenga contra cualquier futura contingencia, dejándose abiertas diversas vías. En el mismo momento que aparentemente fija una posición que va a ser constantemente recordada e interpretada como una garantía de supeditación de Gran Bretaña a la opinión gibraltareña, Londres establece una disociación entre el territorio de Gibraltar -cuyo estatus puede modificarse por una Ley del Parlamento británico, por ejemplo, para ser devuelto en aplicación del Art. X del Tratado de Utrecht- y el estatus de su población, a la que asegura que seguirá siendo británica en tanto lo desee.

Recordar estos hechos, por supuesto, no significa atenuar en absoluto el carácter despótico de la Monarquía española o el represivo y criminal del fascismo franquista o incluso olvidar que el Peñón sirviera de refugio a represaliados políticos del otro lado (siempre en la cantidad y según las conveniencias de los británicos). Que a la población residente en Gibraltar -entre 1714 y 1945, como mínimo- no le importara mucho vivir bajo esas condiciones políticas descritas era absolutamente lógico dadas las motivaciones de esa residencia y especialmente dado que, por entonces, era algo meridianamente claro para todos que Gibraltar era propiedad británica y que los que habían accedido al estatus de gibraltareños reconocidos por el poder colonial bastante tenían con vivir y sobrevivir a su amparo. La democratización progresiva y limitada del régimen colonial del peñón no es previa sino posterior a las reclamaciones en la ONU y a las resoluciones consecuentes y –al igual que en el caso de Ceuta y Melilla- llegó en el momento histórico y con las condiciones que le eran convenientes a la potencia colonial respectiva

De hecho, es notorio que los británicos durante la mayor parte de su dominio sobre la Roca consideraron que lo fundamental de Gibraltar era lógicamente su condición de base militar británica y que la población gibraltareña era un añadido accesorio al hecho colonial, que se justificaba sólo en tanto en cuanto sirviera al sostenimiento de la base. De ahí que, administrativamente, una vez declarada colonia y tras pasar de depender de la oficina de guerra a la de colonias, incluyeran rutinariamente a Gibraltar entre sus territorios de ultramar, lo que luego daría lugar a su inclusión en la lista de territorios no autónomos de la ONU. Sólo una vez que el Estado español convirtiera el asunto de Gibraltar en un elemento de autolegitimación interna y trasladara la cuestión a la ONU, el imperialismo británico comenzó a caer en la cuenta de la conveniencia de destacar a esos anteriormente ignorados y despreciados gibraltareños, como pantalla tras la que defender el mantenimiento del hecho colonial. Consecuentemente, aún cuando dentro de la Roca no se había manifestado todavía la menor reivindicación política y era ampliamente dominante el conformismo con el estatus colonial, Gran Bretaña pasó a principios de la década de los sesenta con toda desenvoltura de justificar su presencia en el Peñón por su derecho histórico de conquista a argumentarla como un servicio pretendidamente desinteresado a la preservación de unos presuntos "derechos gibraltareños", anteriormente ignotos, auspiciando y fomentando su protagonismo. Paralelamente, en 1964 y sin ningún escrúpulo, Gran Bretaña se anexiona formalmente el Istmo, ya ocupado. Al respecto, un Informe confidencial del Foreign Office, elaborado en 1971 y desclasificado recientemente, reconoce que “hasta 1922, los gibraltareños sólo controlaban los asuntos municipales y no aspiraban a ejercer otras responsabilidades, que, gustosamente, dejaban en manos británicas. Pero en 1950, al igual que hicimos con la Educación, le concedimos a esta diminuta fortaleza unas instituciones copiadas de las nuestras, a pesar de que el entonces primer ministro laborista [Clement Attlee] defendía que sería mucho más realista mantener el modelo municipal (...). En la década de los 60 aceleramos ese proceso con la vana esperanza de impresionar a las Naciones Unidas, otorgando a los gibraltareños una Constitución que les viene grande varias tallas, lo que les animó a comportarse de forma arrogante y poco realista”. En el Peñón por entonces lo único que estaba suficientemente claro era que, comparativamente, no había color entre permanecer bajo la prospera soberanía colonial británica -aun sobrellevando discriminaciones en relación a la ciudadanía de la metrópoli- o pasar a la mísera y represiva condición de la Andalucía bajo soberanía española, conocida directisimamente por toda la población con estatus gibraltareño, sea por lazos familiares, por residencia o por beneficiarse de ella a través de sus múltiples negocios. La situación política y social a ambos lados de la Verja favorecía que este proyecto británico de reformulación del pacto colonial encontrara eco y sostén entre la población radicada en el Peñón. Así es como, en resumen, se pasa del lado británico sin solución de continuidad de la internacionalmente impresentable reivindicación explicita de mantenimiento indefinido de la situación colonial a la apropiación formal de un derecho como el de autodeterminación, previsto y destinado para situaciones de otra naturaleza (en el caso de la ONU, para realidades coloniales y no colonialistas y en el de los principios de la izquierda, también para situaciones de opresión nacional) como mecanismo oportunista para perpetuar precisamente esa situación colonial.

El colonialismo británico, por otra parte, ya tenía sobrada experiencia histórica en generar escenarios que, una vez convenientemente prefigurados, pudieran justificar su continuidad bajo nuevas fachadas arguméntales falsamente democráticas. Así había diseñado -por ejemplo- a principios de la década de los años veinte, una Irlanda del Norte mayoritariamente unionista, escindiendo la región histórica irlandesa del Ulster, para asegurarse una mayoría pro británica que le permitiera mantenerse directamente en una parte de Irlanda y condicionar políticamente el desarrollo del resto y que todavía en marzo de 1973 le permitía organizar un referéndum en el Norte (boicoteado por republicanos y nacionalistas) para relegitimar la opción unionista pro británica. Previamente, en 1965, sólo el nuevo contexto internacional le había impedido validar semejantes procedimientos en la Rodesia racista, no reconociendo formalmente su independencia unilateral tras el pretendido ejercicio de la autodeterminación por los colonos blancos, pero tolerándola de hecho. Con el mismo método, el imperialismo británico organizaba en 1967 un referéndum en el Peñón -limitado a los ciudadanos con estatus gibraltareño y que obviamente no incluía en la consulta siquiera a los andaluces con pasaporte español que trabajaban desde hace decenios en el Peñón- destinado a apoyar su presencia en la Roca. Esta maniobra británica provocaba la aprobación en la ONU de la Resolución 2.353 (XXII) de 8 de enero de 1968 (con 73 votos a favor -de América Latina, África, países árabes y del Este-, 19 en contra -Gran Bretaña y la Commonwealth- y 27 abstenciones -EEUU y Europa occidental-), en la que la ONU, tras considerar "que toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y específicamente con el párrafo 6 de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General" denunciaba la operación británica declarando que "la celebración por la Potencia administradora del referéndum de 10 de septiembre de 1967 contraviene las disposiciones de la resolución 2231 (XXI) de la Asamblea General y las de la resolución aprobada el 1º de septiembre de 1967 por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales".

No habría que esperar mucho para ver de nuevo en acción el cinismo del discurso colonial británico en casos similares al de Gibraltar. Simultáneamente a estos hechos desde 1965 -y mientras Londres se llenaba la boca de autodeterminaciones en Gibraltar- se dedicaba, primero, a separar arbitrariamente al archipiélago índico de Chagos de su colonia de Isla Mauricio; luego, en 1966, alquilaba por 50 años su isla mayor de Diego García a los EEUU para que construyeran allí una gran base aeronaval, sin consulta alguna ni a sus habitantes ni a los del conjunto de su colonia de Mauricio. Más aún, entre 1969 y 1970, Gran Bretaña se dedicaba a deportar a toda la población autóctona chagosiana, forzándola a emigrar a Mauricio y las Seychelles, imponiendo sobre el episodio un telón de silencio con la colaboración de la gran prensa internacional. No satisfecho con este despojo, el colonialismo británico -y sus socios yanquis- se dedicaría durante años a afirmar falsamente que Diego García "estaba deshabitada" hasta la instalación de la base militar angloyanqui. Está claro que el tan diferente trato a chagosianos y gibraltareños sólo mostraba la tradicional hipocresía imperialista y cómo Londres mantenía la costumbre de sólo recordar presuntos derechos cuando estos coincidían con sus intereses.

En el caso de las Islas Malvinas, los británicos pasaron a su vez, de sustentarse en el derecho de conquista (1936) a la referencia a los deseos de los colonos malvinenses al estilo gibraltareño (1964) para luego, a partir de 1966 y especialmente de finales de 1968, acordar con la Argentina una transferencia de soberanía aplazada hasta 1978, opción de la que se arrepentirían; transformándola primero en una oferta de Co-Soberanía (1974) y posteriormente de Arrendamiento temporal argentino a Gran Bretaña (1980), para terminar, en 1981, retornando a la posición de 1964, al hilo del avance en las prospecciones de los yacimientos de la zona y en el conocimiento de sus recursos; postura consolidada tras la derrota de la dictadura argentina en la guerra angloargentina de 1982. Precisamente en ese año, comenzaban también las negociaciones sobre Hong-Kong entre Gran Bretaña y la Republica Popular de China que culminarían en 1985; acordándose la retrocesión de la colonia (Isla y Nuevos Territorios) a la soberanía china en 1997, sin que Londres se atreviera siquiera a plantear la posibilidad de consultar al respecto de ninguna manera a la población china hongkonesa. Prueba adicional de esta duplicidad británica se puede encontrar en el ya citado Informe del Foreign Office relativo a Gibraltar cuando explica que “Durante las conversaciones celebradas en Londres en 1966 ofrecimos a España la vuelta de Gibraltar al modelo municipal, y España no se opuso a ello. La ruptura de las conversaciones nos liberó de mantener esa oferta, pero ello no nos obligaba a hacer justamente lo contrario, como fue la convocatoria del referéndum en 1967 y la aprobación de la Constitución gibraltareña en 1969 (...). En realidad, las nuevas instituciones políticas representan poco más que un estuco decorativo y podrían ser reconstruidas siguiendo el modelo municipal, sin causar por ello un gran daño a la estructura de la sociedad gibraltareña (...).”


Evolución del contencioso (1967-2001).

La reivindicación sobre Gibraltar formaba parte esencial de la demagogia españolista del franquismo y le servía además como coartada y cobertura para intentar encubrir su enfeudamiento y dependencia del imperialismo.

A partir de 1966, comenzaron a ponerse en vigor algunas restricciones al trafico aéreo británico desde la Colonia que estaba obligado por las dimensiones del Peñón a sobrevolar espacio aéreo español. La posición del régimen español era reclamar la devolución -rechazando expresamente cualquier co/soberanía- a cambio de mantener la base militar británica y diversas ofertas económicas. Tras la concesión por Gran Bretaña de la Constitución interna a Gibraltar en mayo de 1969, el Estado español retiró a primeros de junio los permisos de trabajo a los cerca de cinco mil andaluces que todavía cruzaban cotidianamente la verja para trabajar en Gibraltar y a finales de ese mismo mes la cerró y suspendió el ferry que unía Gibraltar con Algeciras. El 1 de octubre de 1969 cortó las comunicaciones telefónicas y telegráficas.

El cierre español separó a familias andaluzas con miembros a ambos lados de la Verja y llevó al campo de Gibraltar a una profunda crisis económica porque si bien la Colonia subsistía parasitando su entorno, no por ello dejaba de provocar a la vez, ante la ausencia de otros recursos de subsistencia, una honda dependencia entre su comarca y su cabecera colonial. La decisión tomada en Madrid dejó sin alternativas laborales a miles de andaluces, forzando una nueva oleada emigratoria, en tanto las promesas de desarrollo compensatorio quedaban en casi nada, como por otra parte ocurría también en el resto de Andalucía. Dentro de la Colonia, la mano de obra andaluza con pasaporte español fue sustituida por inmigrantes marroquíes y la economía fue sustentada desde Londres a partir del servicio a la flota británica.

Entre 1977 y 1982, sucesivos Gobiernos españoles se plantearon la reapertura de la verja a cambio de la simple promesa británica de estudiar todos los aspectos del contencioso. Hasta principios de 1982 el Gobierno británico no aceptó el principio de reciprocidad para los andaluces con pasaporte español en la Colonia en cuanto a sus derechos a poder pernoctar en el Peñón y a la igualdad en materias de empleo, salarios, seguridad social y derecho a formar parte de sindicatos. Gran Bretaña amenazó con vetar la entrada del Estado español en la Unión Europea y el Gobierno español se plegó, reanudándose el trafico peatonal en la raya a finales de 1982 y el total sin restricciones en 1985. Pese a lo que superficialmente pudiera haber sido previsible, tanto la entrada del Estado español en la UE como en la OTAN sólo afectaron a la situación colonial en cuanto que la consolidaron, ya que los intereses esenciales del Estado y la burguesía españolas por su incorporación subordinada a ambos organismos primaron -según las previsiones de Londres- sobre cualquier demanda previa, sacrificándose también en este asunto los intereses andaluces. El Gobierno español del PSOE se limitó a condicionar en Bruselas las directivas comunitarias (como la del transporte aéreo) que pudieran implicar algún reconocimiento formal del hecho colonial. Como consecuencia de ello y para evitarse molestias y gastos innecesarios, Gran Bretaña recuperaba en 1987 su vieja oferta de veinte años atrás de doble terminal conjunta en el aeropuerto gibraltareño que terminaría finalmente inaplicada por el bloqueo y oposición del Gobierno colonial, prioritariamente preocupado por preservar el status-quo colonial a cuyo amparo se producían en la colonia cambios económicos y sociales significativos. En 1991, el Gobierno español de Felipe González planteaba -sin eco alguno- la oferta de co-soberanía, lo que suponía reconocer un evidente retroceso, tras la impotencia demostrada por influir sobre la posición británica. Siguiendo esta tónica, el Gobierno español del PP ofrecía en 1997 -sin ningún resultado- mantener las ventajas fiscales y aduaneras de la colonia durante otros 50 años de co-soberanía con Gran Bretaña, es decir, continuar con la relación colonial y parasitaria, con el compromiso de Londres de cesar en esa lejana fecha en sus funciones en el Peñón. Habría que esperar años para que se produjeran cambios significativos.

Durante todo este tiempo, Andalucía sigue estando políticamente ausente de la cuestión por expresa voluntad de los partidos españoles. Es oportuno recordar que en el Anteproyecto de estatuto de autonomía para Andalucía de 1980, todavía su Disposición adicional tercera establecía automáticamente la inclusión en Andalucía del territorio de Gibraltar -citado con todas sus letras- una vez descolonizado, "sin perjuicio del estatuto personal de sus habitantes". A partir de ahí y a través de sucesivas modificaciones, esta declaración acaba transformándose en una propuesta bien distinta que, presentada por Soledad Becerril (UCD, ahora PP) contaría finalmente con el apoyo de todos los partidos presentes. El texto definitivo dice que "la ampliación de la Comunidad Autónoma a territorios históricos no integrados en otra Comunidad autónoma se resolverá por las Cortes Generales, previo acuerdo de las partes interesadas, sin que ello suponga reforma del presente estatuto, una vez que dichos territorios hayan vuelto a la soberanía española", con lo que no sólo se remite la decisión sobre la reunificación del territorio andaluz a las Cortes españolas o se abre la posibilidad del mantenimiento de su escisión en relación al resto de Andalucía, aún en el caso de volver a soberanía española, sino que, sobre todo, se pretende remarcar que la cuestión de Gibraltar es algo en que no tiene nada que hacer, decir o actuar el propio país sobre cuyo territorio se instaló la colonia o el propio pueblo al que pertenecen las personas directamente afectadas, a un lado y otro de la verja.


Evolución en la Colonia

En 1988 la alcaldía de Gibraltar pasó de las manos de sir Joshua Hassan -representante de la burguesía tradicional de la Roca- a las de Joe Bossano, un populista al estilo de los radicales pied-noir de la Argelia francesa, que impulsaría con éxito la reorientación de la economía colonial a su presente situación de paraíso fiscal, aprovechando las peculiaridades de su estatuto en relación tanto con la UE como con Gran Bretaña. Este pretendido socialista, entendió pronto que la continuidad de la situación privilegiada de la población del Peñón estaba ligada al mantenimiento de los lazos coloniales con Gran Bretaña pero que, estos a su vez, debían engrasarse con una economía saneada y que no fuera directamente tan dependiente como hasta entonces del presupuesto público de la Metrópoli y estuviera, por contra, más ligada a los intereses del capital financiero británico. Para ello, optó por potenciar a Gibraltar como refugio de capitales, aprovechando su legislación opaca, obteniendo así los recursos directos e indirectos esenciales sobre los que sostener la economía del Peñón. A Gibraltar afluyó el dinero negro, los fondos del narcotráfico internacional y los capitales evadidos del fisco, especialmente de la propia Andalucía. Se constituyeron, según afirma el dirigente del Partido Liberal gibraltareño Joseph García, 80.000 sociedades de las que 50.000 mantienen actividad y los fondos depositados en los bancos del Peñón subieron a 5.000 millones de libras (8.100 millones de euros/1,34 billones de pesetas) provocando siete millones de visitas al Peñón a lo largo de estos años. Los bufetes, agencias, bancos y entidades financieras radicadas en Gibraltar, a su vez, procedieron a reinvertir sus ganancias en territorios aledaños de Andalucía, tomando posiciones en la hostelería, el comercio, las propiedades rusticas, los transportes etc. Este nuevo maná sobrevenido -renta per capita quintuplicada en veinte años, desde la apertura de la verja; más del doble que la de sus vecinos andaluces de los otro lado- le dio a la colonia una renovada capacidad de presión en la Metrópoli británica y consolidó lógicamemente la querencia mayoritaria de la población colonial por el mantenimiento de su estatus privilegiado. Los provechos para el capital metropolitano fueron también obvios. Por todo esto, no le fue costoso al propio Gobierno Bossano tomar la decisión política de erradicar el contrabando de droga a principios de los noventa, cuyos beneficios -aún siendo importantes- resultaban ridículos al lado de los derivados de su carácter de plaza financiera y no compensaban ni las tensiones sociales internas dentro de la Colonia ni los costes de imagen exterior que implicaban.

Gibraltar, con unos 500 militares, un puerto y un aeropuerto, sigue siendo un punto clave del despliegue militar británico, resto de su antiguo imperio, como demostró durante la guerra de las Malvinas, en 1982. Además, la base del Peñón (que ocupa el 40% de su territorio), en un extremo, y las de Chipre, en el otro, otorgan a Gran Bretaña carácter de potencia mediterránea. Gibraltar cuenta con una galería de túneles subterráneos que amplía considerablemente su superficie útil. Allí tiene su sede el Royal Naval Comunications Centre que mediante una red de sensores sumergidos, capaces de discernir la más liviana alteración en medio de las fuertes corrientes del Estrecho, controla el tránsito de submarinos. Su papel fue esencial durante la Guerra Fría, ya que Gibraltar era paso obligado para los buques soviéticos de las flotas del Báltico o el Mar Negro que pretendían entrar o salir del Mediterráneo. Además ayuda a los submarinos propios a transitar sin riesgo, y sin emerger a la superficie, por una zona de orografía especialmente difícil. Los británicos comparten estas capacidades con los Estados Unidos, que son su verdadero beneficiario.

La demostrada lealtad del Gobierno colonial a estos intereses militares del imperialismo británico, conforman otra pata básica para el mantenimiento de los lazos coloniales. El carácter de esta relación pudo demostrarse recientemente en el escandaloso asunto del submarino nuclear británico Tireless, que pudo permanecer atracado averiado un año en el muelle de la Colonia sin mayores inconvenientes, en un ejercicio renovado de fidelidad y servilismo a Gran Bretaña, permitiendo su reparación a una conveniente distancia de las costas británicas. El resto del pueblo andaluz tuvo que limitarse a protestar desde el otro lado de la verja ante el riesgo evidente de una operación que puso en peligro la vida, los recursos y la salud de millones de andaluces, manifestando de nuevo la intima e indisociable vinculación entre Gibraltar y su entorno. El Gobierno español actuó, por enésima vez, como cómplice del Gobierno británico, avalándole y respaldándole. Hace pocos meses, una unidad de infantería de marina británica en practicas de combate se equivocó de ruta y dada la estrechez del territorio de la colonia, confundió su playa con la cercana de La Línea, donde procedió a desembarcar con toda la parafernalia bélica propia de estos ejercicios. Al punto hubieron de retirarse apurados una vez que los gestos y los gritos de los pescadores y vecinos les hicieron notar que estaban invadiendo territorio andaluz a destiempo. Uno y otro episodio -tan serio uno como chusco el otro- demuestran tanto que el carácter de cabeza de puente de la Roca sigue vigente -según la vieja tradición británica- como que el Gobierno de la Colonia entiende perfectamente que su apoyo a su mantenimiento es una de sus condiciones de pervivencia.


La coyuntura y las negociaciones hispano-británicas

A partir de mediados de 2001 se va a generar un nuevo escenario sobre la cuestión gibraltareña que a la altura de Noviembre toma carta de naturaleza con el anuncio de que los Gobiernos español y británico esperan poder llegar antes del final de 2002 (luego acortado a finales del verano de ese año) a un acuerdo sobre la Colonia, incluyendo la cuestión de la soberanía.

El espectacular anuncio sorprende a las fuerzas vivas gibraltareñas en medio de un debate de reforma de sus instituciones que centra por entonces su atención y que concluirán en febrero de 2002, por el que pretenden blindar su situación y dar pasos hacia conseguir su objetivo de asimilar su régimen al de la Isla de Man; aunque como para que entre en vigor depende del voto favorable del Parlamento británico, mantendrán la reforma en el congelador.

Como suele suceder en estos casos, este giro responde a una convergencia de procesos y causas.

De una parte, Gran Bretaña acababa de verse forzada en la OCDE a hacerse responsable y actuar para controlar y restringir las funciones de paraíso fiscal del Peñón, al objeto de sacarlo de la "lista negra" internacional de territorios fraudulentos. Aunque el Gobierno de la Colonia, meses después, pretenderá que tiene disposición a hacer las modificaciones justas para contribuir a este objetivo, desde el punto de vista de Londres parece ya claro que el modelo económico gibraltareño vigente ha de reformularse necesariamente para poder subsistir, dejando de funcionar como una plaza fiscal extracomunitaria y asimilándose paulatinamente al régimen de los más permisivos estados de la Unión Europea como Luxemburgo. La conciencia de este hecho tiene evidentes consecuencias, no sólo para el mantenimiento de la viabilidad social del Peñón sino también para preservar los intereses metropolitanos que, como es sabido, tienen en Gibraltar una excelente plataforma para su intervención en Andalucía y otras zonas aledañas. Los británicos son conscientes que esta trasmutación requiere de la connivencia del Estado español, tanto en lo inmediato como en Bruselas.

A otro nivel, Gran Bretaña considera que el constante recordatorio del caso gibraltareño en la elaboración de directivas y acuerdos comunitarios, es un elemento molesto que contribuye a dificultar la gestión de sus intereses esenciales y que puede ser usado en su contra no sólo por el Estado español sino por otros socios-rivales en el seno de la UE. El Gobierno laborista de Blair, de otro lado, no sólo ha tomado nota de su alto nivel de coincidencia política con el Gobierno español (modelo europeo, servilismo hacia Washington, etc) sino que aspira a ganar un aliado estable en la UE que pueda ayudarle a contrapesar el creciente poderío de Alemania y mantener el marcaje sobre Francia. Resolver el contencioso de Gibraltar aparece como condición necesaria para poder avanzar en este objetivo.

Además, el caso de Gibraltar se inserta dentro del Gran Juego en curso en el área del Magreb. Tanto el imperialismo francés como el yanqui o el español siguen atentamente la evolución de los acontecimientos en Marruecos, Argelia, Túnez... Comparten la preocupación por sostener a los regímenes neo-coloniales de la zona: la Monarquía marroquí, el Régimen militar argelino y la dictadura de Ben Ali, a la vez que disputan por preservar o incrementar sus respectivas influencias. En ese contexto, entre otros datos y elementos, cabe recordar la propuesta de cooptación de las elites del Polisario que subyacía en el primer Plan Baker sobre el Sahara (sostenido por Francia y EEUU) que propone la autonomía saharaui bajo el Majzen marroquí -en principio, no rechazado frontalmente por Argel- la subsiguiente propuesta de división del territorio entre Marruecos y la RASD (aceptada por Argel y el Polisario y rechazada por Rabat) y la ultima apuesta nítida de EEUU y Francia en la ONU por su mantenimiento en Marruecos (que conlleva el fracaso del Polisario en sus prolongados intentos de aparecer ante EEUU como una opción alternativa, aceptable para sus intereses). Parece clara la preocupación existente por la estabilidad de la Monarquía marroquí y la convicción existente en la conveniencia de darle éxitos en el terreno exterior que puedan contribuir a su consolidación en el interior. La resolución del caso de Gibraltar, en ese marco, conduciría a la devolución pactada en un plazo u otro de Ceuta y Melilla a Marruecos, desactivando tentaciones de imprevisibles consecuencias y una permanente amenaza de conflicto en la zona. Así lo reconocía el diario EL PAIS -rompiendo el uniforme discurso español al respecto- en su editorial del 3 de Noviembre de 2001: "La perspectiva de una solución, aunque sea a largo plazo, del secular contencioso del Peñón abrirá la cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla. Son problemas histórica y jurídicamente muy distintos, pero la psicología de los mapas lleva a pensar que por la puerta abierta del otro lado del Estrecho, Marruecos intentará hacer entrar también su reivindicación sobre las dos ciudades norteafricanas. Sin duda, el Gobierno de Aznar, como sus predecesores, es consciente de ello, y también de que no cabe descartar salidas imaginativas, siempre y cuando Marruecos avance por la vía de su democratización." A esto cabe añadir el proyecto de asociación de Marruecos (y del resto del Magreb) a la UE para consolidar su relación neocolonial (siguiendo el modelo del ALCA en América Latina), proceso cuyos costes fundamentales en Europa caerían nuevamente sobre las espaldas de Andalucía y que beneficiaria especialmente a Francia. En este Gran Juego, en el que los británicos van de la mano de EEUU, el Gobierno español actúa reforzando sus posiciones en Argelia, estableciendo mayores lazos con Túnez y una vez que EEUU -aun sin poner todo su peso sobre la mesa- y Francia se alinean claramente con su aliado de Rabat en el caso del Sahara, redescubriendo en la ONU un novedoso y sorprendente prurito ético en forma de compromiso con el derecho a la autodeterminación del Sahara. El propósito español, cabe suponer, es que el conflicto saharaui siga abierto y el régimen de Marruecos no cierre sus debilidades en el Sur al menos hasta el momento en que el Estado español, una vez encarrilado el asunto de Gibraltar, este en disposición de afrontar el asunto de los Presidios de Ceuta y Melilla en mejores condiciones y con menores costes internos. Por supuesto, el Gobierno español sigue y seguirá públicamente defendiendo para consumo interno la insostenible y ridícula posición que pretende diferenciar la condición de los tres enclaves.

Las conversaciones hispano-británicas parten del acuerdo de obtener una Declaración conjunta entre ambos Estados que de paso a un nuevo Tratado sustituya al Tratado de Utrecht, estableciendo la co-soberanía del Estado español y de Gran Bretaña sobre el Peñón en su conjunto, incluida la base militar -que sería concedida a Gran Bretaña según el modelo de Rota y Morón- y el Istmo ocupado ilegalmente. En un principio lo que se transmite a la opinión pública es que esta situación de soberanía compartida se acordaría por un plazo de 50 o 100 años, para luego abrirse la posibilidad de una retrocesión plena al Estado español que -como heredero de la Corona española- conservaría su derecho de tanteo establecido en Utrecht. Una vez pactados todos los términos del nuevo acuerdo y aprobado por los respectivos parlamentos estatales, este sería declarado vigente, si bien su puesta en practica requeriría el visto bueno de Gran Bretaña que, a su vez, lo condicionaría a obtener el consentimiento de la Colonia de Gibraltar. No habría que esperar a ese momento sin embargo para comenzar a ir ejecutando otros aspectos como el apoyo español al mantenimiento de Gibraltar como puerto franco, exento del IVA; la inversión de ayudas de la UE en la comarca para potenciar la centralidad de Gibraltar y su complementariedad con otros recursos estratégicos como el puerto de Algeciras, la eliminación de los controles españoles en la Verja (una vez adherido Gibraltar al espacio Schengen), la extensión a los gibraltareños de los beneficios de atención sanitaria, etc, el pago de las deudas gibraltareñas de las pensiones a los jubilados andaluces que antaño trabajaron en la Colonia y la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar, permitiendo su uso sin restricciones. El acuerdo incluiría la perspectiva de la concesión de una doble ciudadanía a la población del Peñón.

De hecho, lo que en un principio se vende, ya incluye una aceptación del veto gibraltareño (que es una forma de reconocerle cierto derecho a la autodeterminación) y supone la conformidad española del mantenimiento de la presencia británica en lo político, económico y militar sobre una parte del territorio andaluz, sostenida no ya en una victoria militar refrendada en un tratado del siglo XVIII sino en un pretendidamente más presentable acuerdo del siglo XXI, a cambio de poder colocar su bandera en el Peñón junto a la británica.

Los dos gobiernos intentan conseguir la participación del Gobierno de la Colonia -como en anteriores rondas- sin éxito. Las razones que expone el Gobierno colonial son claras: no solamente exigen tener derecho de veto sobre el resultado final sino sobre todas y cada una de las etapas, acuerdos y compromisos, que es la forma en que entienden que pueden bloquear mejor cualquier posible cambio. Hay que comprender que desde la perspectiva gibraltareña -aparte la retórica sobre sus presuntos derechos como pueblo- existe una postura firmemente asentada que entiende que, incluso en el caso de tener que alterar en algo su actual posición como paraíso fiscal, manteniendo viva la relación colonial con Gran Bretaña pueden reactualizar con mayores garantías su papel de centro financiero sin que, merced a la condición de aliado del Estado español en la OTAN y socio en la UE, ello implique obstáculos sensibles, pudiendo preservar todas las ventajas de su actual estatus, incluidas sus residencias a este lado de la Verja. A este propósito se encamina el discurso y la incesante actividad de su alcalde-ministro Peter Caruana y del lobby gibraltareño. Caruana se niega a participar en las conversaciones sin derecho a veto; habla en Cataluña y en Estrasburgo de la autodeterminación gibraltareña; en Londres reclama primero nuevamente el régimen de la Isla de Man; a continuación recuerda en dos ocasiones el paralelismo entre Gibraltar y Ceuta y Melilla (sin abusar del argumento, para evitar sus riesgos de boomerang político en contra de sus intereses) e incluso apunta que no vería mal que Gibraltar obtuviera un status similar al de Andorra (un estado soberano con dos coprincipes) o lo que es políticamente similar, convertir a Gibraltar en una nueva versión de Mónaco en la costa andaluza. Mientras el lobby gibraltareño invita a una ristra de parlamentarios británicos con sus familias al Peñón e invierte millones de euros, financiando viajes, publicando anuncios con la bandera británica en la prensa londinense e implicando en su causa al Partido Conservador británico, en la Colonia se genera un ambiente de repulsa a "la traición de los ingleses". Tras varios actos organizados por la oposición de Bossano (que suele acudir a la televisión con una corbata con los colores de la bandera británica) destinados a preparar el ambiente, se convoca mancomunadamente por patronal, partidos y sindicatos una Huelga General y una manifestación en el Peñón en protesta por el proceso en curso entre Londres y Madrid. Ese día la frontera se colapsa durante horas por las colas de gibraltareños residentes a este lado de la raya que acuden en masa a manifestar en castellano e ingles su condición británica. Cuando posteriormente Straw, ministro británico de exteriores, acuda a la Colonia en Abril -donde dice con todo descaro que el fundamento de la presencia británica allí nace "del Tratado de Utrecht y la Constitución gibraltareña"(sic) aprobada, recordémoslo, por el Parlamento británico- estará a punto de ser agredido por una masa de encrespados gibraltareños que, enarbolando banderas británicas y la más reciente del Peñón, endilgaran al ministro una abigarrada, colorista y bicultural colección de insultos en ingles y castellano.

Tras el viaje comienzan a aparecer en la prensa anuncios de dificultades. Un día se dice que Gran Bretaña no se conforma ya con que el Estado español acepte el carácter indefinido de la soberanía compartida (cuando se empezó hablando de 50 años) sino que lo pretende permanente. Otro aparecen fuentes del ministro de Defensa británico recordando la importancia de la base y sugiriendo que se la excluya de cualquier acuerdo -incluso en las condiciones de las bases yanquis- conservando sobre ella plena soberanía a la manera que Gran Bretaña ejerce en sus bases en el Chipre griego. Finalmente, el ministro Straw, a finales de mayo, se descuelga con unas declaraciones a la BBC en las que, desdiciéndose incluso de lo ya afirmado por el mismo en el propio Parlamento británico en febrero, convierte la opinión gibraltareña en definitiva. Si en Febrero, la posición del Gobierno británico era que la Declaración conjunta angloespañola seguiría vigente aún inaplicada, incluso en el caso de recibir el previsible rechazo de las instituciones y la población de la Colonia ahora dice que la oposición de Gibraltar la haría decaer en su totalidad, invalidándola y retrotrayendo la situación a la existente en julio de 2001. La satisfacción en Gibraltar ante este cambio resulta comprensible y explica porque Caruana se opone con vigor a las propuestas de los más ultras de convocar ya un referéndum unilateral a la manera rodesiana, prefiriendo esperar y eludir, al menos de momento, un enfrentamiento directo con Londres.

A fecha de hoy, resulta difícil aclarar si todos estos últimos hechos responden a intentos británicos por consolidar y ampliar sus ventajas ya obtenidas tanto directamente en Gibraltar como en el conjunto de la relación hispanobritánica, jugando con los costes de imagen que implicaría al Gobierno español del PP un fracaso del proceso o si responde realmente a una victoria del grupo de presión gibraltareño en Gran Bretaña. Hay que tener en cuenta que el mero cambio británico desde el inmovilismo anterior ya ha sido presentado por el Gobierno español ante la opinión pública andaluza y española como un progreso; que no ha habido interés alguno por informar de que la mayoría de las propuestas británicas no son novedosas ni en relación al caso concreto de Gibraltar ni en lo tocante a otros casos de enclaves coloniales británicos y que tampoco ni la oposición española ni los grandes medios de comunicación han tenido el menor interés por constatar que todo el marco de negociación en curso implica una consolidación de facto y de iure de la presencia británica y el hecho colonial. Un efecto secundario de la frustración del proceso sería destrozar uno de los argumentos implícitos en la línea de explicación oficial: "que Londres actuaba de esta nueva forma porque el peso internacional del Estado español no es hoy el de antes sino el de una potencia emergente", tesis con la que el Gobierno del PP continua precedentes discursos de Gobiernos del PSOE.


La naturaleza del Conflicto y la posición andaluza.

En 1936, en pleno periodo colonial francés, Argel tenía 175.000 habitantes europeos y 76.000 argelinos. Orán, 148.000 europeos y 46.000 argelinos. Bone-Annaba, 45.000 europeos y 38.000 argelinos y sólo los colonos europeos disfrutaban en la practica de ciertos derechos políticos. Según el actual criterio gibraltareño y británico, estas ciudades podrían haber tenido derecho a la autodeterminación para que su población colonial decidiera mantenerse bajo soberanía de Francia tras la independencia de Argelia. ¿Absurdo, verdad?. Pues el colonialismo francés contempló hipótesis similares y por evitar esta circunstancia y la separación del Sahara, la guerra argelina se prolongo años. Es el mismo criterio que se guarda el Estado español en la recamara para legitimar hoy la presencia colonial española en Ceuta y Melilla; dándose la paradoja de que un Estado opresor como el español que niega el derecho a la autodeterminación a las naciones integradas en sus fronteras se beneficiaria de su aplicación justo donde no es procedente. Pensemos que si en la base de Guantánamo, los EEUU hubieran instalado población yanqui -o simplemente caribeña anglófona o francófona- desde su apropiación en 1900 y/o por ejemplo le hubieran sumado unos cuantos cubanos anticastristas después de 1959, estaría construido en Cuba un escenario similar al que existe en Andalucía en relación a Gibraltar: los EEUU podrían decirle a Cuba que, aun cuando su presencia deriva formalmente de la Enmienda Platt, ahora su ocupación ha de mantenerse para proteger los deseos de estos hipotéticos neoguantanameros. En 1948, India requirió a Portugal la devolución de los enclaves de Goa, Diu y Damao. Tras una sucesión de incidentes y reclamaciones, a la altura de 1960 un sector de las elites de Goa (indios de confesión católica y casta brahmánica) auspiciaron un movimiento de autonomía que cambiara el estatus de los enclaves, permaneciendo bajo soberanía colonial portuguesa. La Dictadura fascista de Salazar rechazó el cambio por no caer en contradicción con lo que era su política colonial en África (Angola, etc). La contundente respuesta de India fue ocupar los enclaves con sus tropas en 1961. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando a India que no entro en vigor por el veto de la URSS. India nunca había llegado siquiera a plantear la cuestión en la ONU.

Las colonias de tipo enclave -como es el caso de Gibraltar- tienen características propias. Surgieron históricamente como bases militares o factorías comerciales (o una combinación de ambas) desde las que controlar de forma indirecta el territorio anejo (aún cuando, en algún caso, posteriormente también sirvieran de retaguardia logística para su ocupación directa como ocurrió en Marruecos). Las potencias coloniales fueron las que decidieron quienes y cuantos se mantenían dentro del perímetro de esos enclaves, según sus intereses y las circunstancias de cada caso y a partir del hecho colonial configuraron poblaciones, bien a través de la inmigración, bien a través de la cooptación de elementos autóctonos favorecidos de forma desigual por la situación colonial o por una combinación de ambas opciones. Cuando a la potencia colonial le convino, no hubo escrúpulos en expulsar a los pobladores autóctonos o deportar el numero conveniente para mantener los equilibrios deseados o dificultar o impedir la residencia de personas del entorno que a medio plazo pudieran suponer un peligro para la seguridad e intereses coloniales. Siendo como son colonias, durante la mayor parte de su existencia han actuado básicamente como guarniciones, almacenes o presidios –según los casos- y han estado a disposición de la potencia colonial para ser cedidos o intercambiados o devueltos, sin consideración alguna a quienes vivían allá acogidos a esa situación y a consecuencia de ella. Toda su vida ha girado en torno a dos hechos: A. Su dependencia de la potencia colonial, porque sin ella hubieran sido recuperados por los países y pueblos despojados. B. Su relación colonial con su entorno, que es tan intima como desigual y que además, en casos como los de Gibraltar o Hong-Kong, incluía además una apropiación ilegitima de terrenos posteriores a su primera anexión, fundamentales para el funcionamiento de esas colonias (cabe imaginar que pasaría en Gibraltar si la Verja volviera a los limites del Tratado de Utrecht). Todas estas entidades son inviables si no se produce el asentimiento, la explotación parasitaria o el sometimiento de su entorno, a cuyo futuro están ligados (el ultimo ejemplo, las 100.000 líneas telefónicas adicionales solicitadas por Gibraltar para menos de 30.000 personas con estatus legal gibraltareño).

En el caso concreto de Gibraltar son obvias la responsabilidad, la torpeza o incluso los crímenes del Estado español. Gibraltar no es un islote perdido en medio del océano. No se puede entender la formación o funciones de la colonia de Gibraltar y la pervivencia de la presencia colonial británica sin relacionarla con Andalucía, de igual modo que es inexplicable sin a la vez tomar nota de las circunstancias históricas de la dominación española sobre Andalucía (como ocurre, a su vez, con la persistencia de la presencia colonial española en Ceuta/Melilla, que no se puede explicar separadamente, primero, de la intervención colonial española en Marruecos y el Norte de África y luego de la naturaleza reaccionaria y neocolonial del Régimen monárquico marroquí). La Monarquía española entregó Gibraltar, pasando del deseo de sus habitantes andaluces de la época; luego no fue capaz de recuperarlo; a continuación le permitió sobrevivir como foco de contrabando y luego como sumidero fiscal a costa del despojo y empobrecimiento de Andalucía y siempre ha supeditado su reintegración a otros intereses estratégicos del Estado español.

Afortunadamente, los gibraltareños actuales son culturalmente andaluces, como resulta evidente para cualquiera que visite el Peñón; por mucho que en sus linajes familiares haya, en determinados casos, procedencias italianas, hebreas, maltesas... Gibraltar no es ni remotamente una nación; sin la protección británica y el sistema económico impuesto, Gibraltar y su población se fundiría sin problema con su entorno nacional. No es sólo que Gibraltar forma objetiva e históricamente parte del territorio andaluz sino que su población, pertenece al ámbito histórico y cultural andaluz (con sus peculiaridades). De hecho su población lo que habla usualmente en la calle es castellano en la modalidad lingüística andaluza (aunque también tenga conocimiento y use el ingles en otros ámbitos y para otras funciones publicas).

Otra cuestión distinta es que, mayoritariamente, los gibraltareños defiendan hoy políticamente el mantenimiento de la situación de privilegio económico, unida a la dependencia colonial, al calor de las cual se ha conformado la forma de vida gibraltareña. Ayer, a costa del contrabando masivo; luego del servicio a los británicos durante el cierre de la Verja; luego del narcotráfico; ahora a través del paraíso fiscal para lavado de dinero negro y la evasión tributaria desde Andalucía... Gibraltar en relación al Campo (donde, además, residen y tienen propiedades buena parte de las personas con estatus gibraltareño) ha actuado y actúa como una City en relación a sus suburbios (el Campo); en el conflicto hay pues también un componente clasista implícito, aún envuelto en diversos envoltorios. Es evidente que en el rechazo gibraltareño hay junto a resabios justos por lo que ven al otro lado de la Verja, otro tipo de comportamientos que responden a la actitud e intereses de una burguesía intermediaria que se ha configurado al calor de la situación colonial y que impregna ideológicamente en Gibraltar incluso a muchos de quienes no tienen directamente arte ni parte en sus negocios. Como es obvio, la prosperidad gibraltareña en comparación con la pobreza andaluza no es algo genético (no sólo sería un argumento racista afirmarlo, sino que además no casaría bien con el hecho de la abundante cantidad de antecedentes, antepasados y familiares andaluces de la actual población gibraltareña) sino consecuencia de cómo se han formulado las relaciones económicas y sociales en la Comarca al amparo de la ocupación británica en concreto, de un lado, y la dominación española en general sobre Andalucía, de otro.

La capacidad histórica de fusión y de asimilación cultural ha sido tan fructífera, que lo que hoy hay allí no es un problema ni nacional ni étnico sino simplemente político, ideológico, social y económico, que cristaliza y se concreta del lado gibraltareño en la defensa de un estatus. Una cuestión, complicada aún más si cabe porque la nación a la que naturalmente pertenece el enclave -Andalucía- no dispone de Estado nacional propio y es representada en el contencioso por un Estado -el español- que no sólo tiene intereses propios diferenciados a los de Andalucía sino que, además, es aliado del poder colonial. Complejidad que se evidencia, además, al comprobar, como las pretendidas reivindicaciones especificas gibraltareñas se realizan bajo el amparo de la bandera británica (a la manera de los unionistas norirlandeses), reclamando la protección de Londres y aspirando a reproducir, tomándolos como modelos, a territorios británicos como la Isla de Man, es decir, a perpetuar situaciones reaccionarias, construidas a partir de simultanear la condición de paraíso fiscal y base militar, destinados inevitablemente a afectar parasitariamente al resto de Andalucía. De hecho, conviene subrayarlo, el discurso político de los portavoces políticos de la población colonial (Caruana, Bossano...) es múltiple y oportunista. En unos momentos y circunstancias -por ejemplo, al dirigirse a sectores de naciones oprimidas del Estado español o en ámbitos europeos- intenta usar de forma torticera la autodeterminación, afirmándose y presentándose como "pueblo" aunque cuando concretan que demanda encierran con ello, aclaran que lo que pretenden no es "una inviable independencia" (Caruana dixit) sino reproducir el modelo citado de la Isla de Man. Simultánea y paralelamente, sin el menor reparo, no tienen problema en definirse en Londres como "ingleses", cuando así les conviene para articular apoyos mediáticos, políticos o comerciales en Gran Bretaña de nostálgicos del Imperio. Aparte de consideraciones generales sobre su inaplicabilidad a las poblaciones de enclaves coloniales, la pretendida autodeterminación en las circunstancias concretas de Gibraltar, reduciendo su sujeto decisorio a quienes tienen hoy estatus gibraltareño, lo que significa, en síntesis, es preguntarles: ¿queréis seguir viviendo parasitando una nación como paraíso fiscal?. ¿Queréis seguir siendo una base militar imperialista?. Ese sería el sentido y la consecuencia de aplicar la autodeterminación a un colectivo que no tiene la entidad de los sujetos con derecho a autodeterminarse. Con todo, siempre conviene recordar que, en ultima instancia y pese a la retórica, la continuidad del hecho colonial es una decisión tomada en Londres y no en Gibraltar.

En este punto conviene anotar, que el hecho de que el nacionalismo español haya usado la reivindicación de Gibraltar -despreciando de paso siempre las circunstancias, derechos e intereses de la población andaluza campogibraltareña- no ha de llevar frívolamente por reacción, a alinearse tras las posiciones colonialistas británicas o los intereses espureos de la actual población del Peñón como, por ejemplo, reiteradamente han hecho ERC o con especial cinismo, Pujol; el PNV e incluso algunos elementos del nacionalismo canario. Sería un error de similar entidad que negar el derecho a la reintegración territorial de Ceuta y Melilla a Marruecos por oposición a la naturaleza reaccionaria de la Monarquía marroquí. Hacerlo así, en el caso de Gibraltar, supone no sólo olvidarse de los derechos nacionales de Andalucía, sino directamente colocarse contra ellos y reproducir nuevamente esa costumbre, tan cara a algunos, de golpear a España en el trasero de los andaluces.

De todo lo dicho, se desprenden los siguientes principios:

· La situación colonial de Gibraltar es nacional y socialmente inadmisible para Andalucía, ahora y en el futuro.
· La población con estatus gibraltareño residente en el Peñón no es un sujeto colectivo que pueda reivindicar legítimamente poseer el derecho a la autodeterminación.
· La única solución aceptable para el contencioso es la devolución de la colonia y su reintegración territorial al marco institucional andaluz existente.

Ciertamente, Andalucía se encuentra hoy ante este conflicto sin voz soberana propia. Es una consecuencia más de no ser una nación independiente y hallarse bajo el dominio del Estado español. Incluso Chaves se ha negado expresamente a que la Junta de Andalucía o la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar reclamen su derecho a estar presentes en cualquier proceso negociador, en un ejemplo más de servilismo a Madrid y traición a los intereses andaluces. Desde una posición nacional, es evidente que el conflicto político principal de Andalucía hoy es con el Estado español y no con Gran Bretaña y que Andalucía no se haya exactamente en la misma situación de otras naciones -como Euskadi- divididas entre dos estados, pero también hay que asumir que no se puede aspirar a afianzar una construcción nacional sólida abdicando de enfrentarse a los desafíos internacionales que esta implica, de ser desarrollada consecuente y victoriosamente, levantando una posición andaluza propia. Por tanto, partiendo de esta realidad, esta apreciación de prioridades no ha de impedirnos constatar también que para Andalucía es mejor tener que combatir sólo al Estado español que a éste y a Gran Bretaña sumados, tanto ahora como en el hipotético momento de una independencia andaluza en relación a España. De ahí que desde un punto de vista nacional sea de nuestro interés apoyar como situación transitoria el trasvase pleno de la soberanía en el Peñón de Gran Bretaña al Estado español, sin que ello comporte en absoluto ninguna coincidencia, apoyo o sostén a las diversas propuestas, iniciativas o acuerdos concretos a los que pudieran llegar el Estado español y Gran Bretaña (co-soberanía durante un periodo; mantenimiento de las exenciones fiscales y privilegios económicos; preservación de la base militar; separación de Gibraltar del resto de Andalucía, etc) que pudieran perpetuar elementos de la actual situación colonial. Acuerdos todos ellos, que habría que denunciar y que en absoluto comprometerían a una Andalucía soberana, que como Estado heredero, seguiría siendo depositaria del derecho a la devolución plena e incondicional de la colonia.

Simultáneamente, es de interés nacional y de obligada coherencia democrática, tanto preservar y desarrollar todos los derechos democráticos, sociales, culturales o lingüísticos de la actual población gibraltareña -aún sabiendo que ello no atenuará de entrada su actual posicionamiento- como dejar claro que los andaluces gibraltareños no merecen por esa condición una consideración diferente a la del resto; diferenciando con nitidez esos derechos de los privilegios que consolidan la presencia colonial. La situación colonial y sus efectos sociales y el contexto político nacional obligan a reconocer que la vía de búsqueda de contactos y colaboración con las individualidades y colectivos progresistas de la Colonia dará durante mucho tiempo menguados resultados, al menos hasta que la izquierda y el movimiento nacionalista andaluz no se conviertan en factores políticos efectivos en la realidad andaluza. Hay que aceptar pues, de forma realista, la perspectiva de que, si ya en el conjunto de Andalucía es previsible que hasta el ultimo momento queden algunos andaluces comprometidos con la situación que la mantiene dominada, no hay porqué extrañarse de que una minoría mantenga similares posturas en la ciudad de Gibraltar y saber, por tanto, que en relación con ambos habría que actuar en consecuencia llegado el caso. Y es que, como dice el refrán: "no se pude hacer una tortilla sin romper algún huevo".


Javier González Pulido
Andalucía, 1 de Junio de 2002


Articulo publicado en el Boletín ANDALUCIA LIBRE nº 120, distribuido el 1 de Junio de 2002. Mas articulos, textos, bibliografía y enlaces sobre Gibraltar y otras colonias en otros numeros de ANDALUCIA LIBRE – Suscripción Libre – Especial Colonias en Archivo de Documentos.

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