Estas fumigaciones de letales venenos por lo general afectan a los pobladores que circundan las plantaciones de sojas, siendo frecuentes las intoxicaciones e incluso la muerte de estos vecinos a consecuencia de ellas. Lo peor de todo es la inacción o muchas veces impotencia de las autoridades locales ante el poderío económico del sector productor de soja.
Cuando a principios del año 2004 presencié la exhumación del cadáver del niño Silvino Talavera, muerto por intoxicación a raíz de una lluvia de pesticida sufrida mientras recorría los límites de las plantaciones en bicicleta, a unas pocas decenas de metros del cementerio seguían los trabajos de fumigación en las narices de las autoridades judiciales y de la prensa presente en el lugar.
Almada también recordó en su nota al presidente que la expansión del monocultivo de la soja trae estas nefastas derivaciones: la intoxicación por fumigación, despoblamiento rural y muchas veces éxodo al exterior del país. A estos trágicos resultados acompaña una deforestación masiva, expulsión de los pueblos indígenas, recalentamiento global de la tierra por presión de las codicias desmedidas de los Mercados y las trasnacionales sin rostros brasileña y norteamericana, que no generan puesto de trabajo.
En la Argentina los productores de soja pagan un 44% de impuesto por la venta de sus productos y en Paraguay absolutamente nada. Muchos de los pesticidas que utilizan estos productores conocidos como “brasiguayos” (mitad brasileros, mitad paraguayos) han sido descalificados en los países del Primer Mundo, pero las empresas que los producen los exportan sin remordimientos a países como Paraguay.
Sabemos también que el herbicida “glifosato” utilizado para eliminar malezas de las plantaciones de soja, demora mucho tiempo en degradarse y es altamente toxico, existiendo identificadas unas 76 especies vegetales en peligro de extinción a raíz de su uso indiscriminado en las plantaciones. El efecto social es tan devastador como su toxicidad.
Con raras excepciones, el sector agro-exportador se convierte en una capa parasitaria y depredadora que tiene a su merced a gobernadores, intendentes y fiscales obsecuentes y timoratos que no cumplen con las obligaciones constitucionales asumidas, salvo raras excepciones. La debilidad institucional en Paraguay conspira contra la posibilidad de enjuiciar a los responsables de las contaminaciones al medio ambiente, y los medios de comunicación heredados de la dictadura anticomunista apoyan abiertamente al sector sojero.
Es frecuente que los voceros del gremio en cuestión aparezcan ocupando gran espacio en la prensa, pontificando sobre los temas más diversos, que van desde política tributaria a política partidaria. Las propuestas de soluciones a este drama están totalmente ausentes de los debates de la actual campaña proselitista paraguaya para las elecciones presidenciales del 20 de abril, incluso entre los referentes de la supuesta izquierda paraguaya.
Otros sectores opositores al gobierno, lejos de plantear soluciones a esta tragedia, toman partido por los agro-exportadores y realizan proselitismo ante los empresarios del rubro en lugar de hacerlo ante el pueblo, prometiendo mayores privilegios al sector y criticando al gobierno cuando intenta gravar las exportaciones de soja para políticas sociales. Uno de los principales empresarios del sector, el brasileño Tranquilino Favero, no hace mucho ocupó las primeras planas de los diarios con críticas al gobierno, como si se tratara de un importante referente de la oposición.
En su misiva al presidente, Almada también solicitó la reapertura de una investigación de lo ocurrido una población del interior por culpa de la firma norteamericana Monsanto/Delta Pine, que ocasionó varias muertes e intoxicaciones a fines del año 1998, permaneciendo estos crímenes impunes hasta la fecha.
El principal responsable de la diseminación de las denominadas semillas de la muerte que produjeron la más grave contaminación ambiental de la década de 1990 en el poblado de Rincón i, Ybycui, fue el mismo gobernador del estado de Paraguarí. En ese entonces una comisión ciudadana encabezada por Martín Almada y apoyada por notables como el Dr. Joel Filartiga, entre otros, se enfrentó valientemente con las autoridades locales, nacionales e internacionales. Un juicio ético tuvo gran repercusión en los medios y logró sensibilizar a la ciudadanía, que a partir de entonces sigue con mucha atención estos casos.
Almada también solicitó una justa indemnización para estas víctimas, que siguen desatendidas dado que la empresa optó por retirarse del Paraguay para no hacerse responsable de sus fechorías.
Gran parte del drama que vive esta población rural paraguaya tuvo su origen hacia 1960, durante la dictadura militar del general Alfredo Stroessner, alineado a los intereses del imperio norteamericano e incondicional aliado de la dictadura militar brasileña, entonces gerente de los intereses imperialistas en la región. La dictadura militar emprendió una supuesta reforma agraria que en realidad consistió en vender a precios irrisorios gran cantidad de tierras paraguayas a terratenientes brasileños y a la casta de privilegiados cercanos al dictador.
El responsable del organismo encargado de la reforma agraria, el presidente del Instituto de Bienestar Rural Juan Manuel Frutos, era a la vez cabeza de la filial paraguaya de la Liga Mundial Anticomunista que tenía como una de sus fuentes de financiamiento al grupo del Reverendo Moon.
La masiva venta de tierras paraguayas a colonos brasileños, la marcha hacia el este y el acercamiento del Paraguay al Brasil en realidad respondían a una geopolítica diseñada en Washington, al igual que la estrategia utilizada hoy por las grandes multinacionales como Monsanto para conquistar mercados para sus productos, entre ellos los peligrosos herbicidas que en el presente causan estragos en las zonas rurales paraguayas.

Luis Agüero Wagner